Texto íntegro del Registro de las violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos en 2020. Parte IV

V. La creciente polarización entre ricos y pobres agrava la desigualdad social

La epidemia de COVID-19 sumió a Estados Unidos en la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Un gran número de empresas cerraron, los trabajadores perdieron sus puestos, la brecha entre ricos y pobres se amplió y la vida de la gente en el estrato inferior de la sociedad se hizo miserable.

La división entre ricos y pobres se amplió aún más. El sitio web de Bloomberg informó el 8 de octubre de 2020 que los 50 estadounidenses más ricos tienen actualmente casi tanta riqueza como los 165 millones de personas más pobres del país. El uno por ciento más rico de los estadounidenses posee un valor neto combinado que es 16,4 veces el del 50 por ciento más pobre.

La epidemia ha agravado la desigualdad de la distribución de la riqueza. El sitio web de Forbes informó el 11 de diciembre de 2020 que, en los últimos meses de la pandemia, el valor neto colectivo de 614 multimillonarios estadounidenses ha aumentado en 931.000 millones de dólares. La tasa de pobreza de Estados Unidos aumentó a 11,7 por ciento en noviembre de 2020, en comparación con 9,3 por ciento en junio, según investigadores de la Universidad de Chicago y la Universidad de Notre Dame.

La epidemia fuera de control condujo al desempleo masivo. La velocidad y magnitud de los cierres de negocios y la pérdida de empleos desafiaron las comparaciones, según un informe del 9 de mayo de 2020 en el sitio web de The Washington Post. Unos 20,5 millones de personas perdieron abruptamente sus empleos, lo que fue aproximadamente el doble de lo que la nación experimentó durante toda la crisis financiera ocurrida de 2007 a 2009. En abril de 2020, la tasa de desempleo se disparó a 21,2 por ciento para las personas que no se han graduado de la escuela secundaria, superando el anterior máximo histórico establecido después de la Gran Recesión. El sitio web de USA Today informó el 8 de agosto de 2020 que 33 áreas metropolitanas de Estados Unidos tenían una tasa de desempleo de más del 15 por ciento en junio de 2020. Alrededor de 11,5 millones de mujeres estadounidenses perdieron su trabajo entre febrero y mayo de 2020.

Decenas de millones de personas sufrieron crisis alimentaria durante la epidemia. Más de 50 millones de personas -uno de cada seis estadounidenses, incluyendo uno de cada cuatro niños- podrían experimentar inseguridad alimentaria en 2020, según un informe del análisis de Feeding America actualizado en octubre de 2020. El sitio web de The Guardian informó el 25 de noviembre de 2020 que, en todo el país, la demanda de ayuda alimentaria se ha amesetado en aproximadamente un 60 por ciento más que en los tiempos previos a la pandemia. Millones de estadounidenses debieron depender de la caridad para poner la cena de Acción de Gracias sobre la mesa en 2020.

La cobertura de seguro de salud se desplomó. Estados Unidos no tiene seguro médico universal debido a la polarización política y el número de personas que posee un seguro de salud se ha reducido drásticamente debido a la epidemia. De marzo a mayo de 2020, se estima que 27 millones de estadounidenses han perdido la cobertura de seguro médico en la pandemia. Sólo en Texas, el número de no asegurados pasó de unos 4,3 millones a casi 4,9 millones, lo que significa que tres de cada diez texanos no están asegurados.

La brecha digital agravó la desigualdad educativa. En 2018, casi 17 millones de niños vivían en hogares sin conexión a internet, y más de 7 millones no tenían computadoras en casa, según un informe que analizó los datos del censo para ese año. El sitio web de Politico informó el 23 de septiembre de 2020 que uno de cada tres estudiantes en la ciudad de Baltimore, que está a sólo una hora en automóvil del Capitolio de Estados Unidos, no posee computadora. Una de cada tres familias afroamericanas, latinas o indios estadounidenses no tiene internet en casa. El aprendizaje virtual se convirtió en un patrón de educación convencional durante la epidemia. En comparación con sus pares más ricos, los niños de bajos ingresos y minorías tienen menos probabilidades de tener tecnología y entornos domésticos adecuados para un estudio independiente debido a sus antecedentes familiares y, por lo tanto, están en desventaja en el aprendizaje electrónico, agravando aún más la brecha educativa causada por la pobreza y la desigualdad racial.

VI. Pisotear las normas internacionales da lugar a desastres humanitarios

En un momento en que la unidad global es necesaria para luchar contra la pandemia de COVID-19, Estados Unidos insiste en poner a “América primero”, el aislacionismo y el unilateralismo, imponer sanciones deliberadamente, intimidar y amenazar a las organizaciones internacionales, y abusar de los solicitantes de asilo, lo que ha convertido al país en el mayor alborotador de la seguridad y la estabilidad mundiales.

Estados Unidos se retiró de la OMS. Con el fin de eludir su responsabilidad por sus desastrosas medidas frente a la pandemia, la administración Trump intentó todos los medios para convertir en chivo expiatorio a la Organización Mundial de la Salud (OMS) creando acusaciones falsas contra la organización. El 14 de abril de 2020, el gobierno de Estados Unidos anunció su suspensión del pago de cuotas a la OMS, lo que fue criticado unánimemente por la comunidad internacional. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitió una declaración el 14 de abril de 2020, diciendo que cuando el mundo luchaba contra la pandemia de COVID-19, no era apropiado reducir los recursos requeridos para las operaciones de la OMS o cualquier otra organización humanitaria. La presidenta de la American Medical Association, Patrice Harris, declaró el 15 de abril de 2020 que la lucha contra la pandemia requería cooperación internacional y que la suspensión del apoyo financiero a la OMS en este momento crítico es un paso peligroso en la dirección equivocada. El 15 de abril de 2020, el sitio web de The Guardian publicó un editorial y comentó que cuando el mundo necesitaba desesperadamente superar conjuntamente esta amenaza que el mundo nunca había experimentado antes, la suspensión de las cuotas de la OMS por parte del gobierno estadounidense fue un acto que carecía de moralidad y perturbaba el orden internacional, y era una horrible traición a la solidaridad global. En julio de 2020, la administración Trump anunció descaradamente su retirada de la OMS a pesar de la oposición de la comunidad internacional.

Estados Unidos abandonó sus compromisos y se retiró del Acuerdo de París. Estados Unidos, como el mayor emisor acumulativo de gases de efecto invernadero del mundo, debería haber hecho el mayor aporte para la reducción de emisiones, en base al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Sin embargo, Estados Unidos invirtió la rueda de la historia sin escrúpulos y se retiró oficialmente del Acuerdo de París el 4 de noviembre de 2020, convirtiéndose en el único país entre casi 200 partes contratantes en abandonar el tratado. La comunidad internacional llegó a un consenso de que la medida estadounidense era políticamente miope, científicamente equivocada y moralmente irresponsable. “Es probable que el hecho de que Estados Unidos se retire de París reduzca los esfuerzos para mitigar los problemas y, por lo tanto, aumente el número de personas que se encuentran en una situación de vida o muerte debido a los impactos del cambio climático”, dijo la científica climática de la Universidad de Cornell Natalie Mahowald, coautora de los informes científicos de la ONU sobre el calentamiento global.

Las acciones de intimidación amenazaron a las organizaciones internacionales. El 11 de junio de 2020, el gobierno de Estados Unidos autorizó sanciones económicas y restricciones de viaje contra los trabajadores de la Corte Penal Internacional (ICC, siglas en inglés) y sus familiares por investigar a las tropas estadounidenses y funcionarios de inteligencia por posibles crímenes de guerra en Afganistán y en otros lugares. Las sanciones estadounidenses dirigidas al personal de la ICC son “un ataque directo a la independencia judicial de la institución”, según un artículo en el sitio web de ONU NEWS del 25 de junio de 2020. El 19 de junio de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución condenando enérgicamente la brutalidad policial que condujo a la muerte del afroamericano George Floyd. Citando comentarios de grupos de derechos humanos, AFP dijo que, debido a un “fuerte cabildeo”, la versión final de la resolución eliminó el llamado a nuevas investigaciones y quitó cualquier mención al racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos. Al intimidar a otros países, Estados Unidos diluyó el texto de la resolución, escapó de las investigaciones internacionales otra vez y corrió en contra de la ascendencia africana en Estados Unidos y las víctimas de la violencia policial, dijo American Civil Liberties Union.

Las sanciones unilaterales agravaron la crisis humanitaria. En un momento crítico en que la pandemia de COVID-19 se propaga a nivel mundial y amenaza la vida, la salud y el bienestar humanos, todos los países deben trabajar juntos para responder a la pandemia y mantener la seguridad mundial de la salud pública. Sin embargo, durante esta pandemia, el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a países como Irán, Cuba y Venezuela, lo que dificulta a los países sancionados obtener de manera oportuna los suministros médicos antipandémicos necesarios. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó el 24 de marzo de 2020 que, en el caso de una pandemia mundial, las sanciones obstaculizarían el trabajo médico y aumentarían los riesgos para todos. Sostuvo que para mantener la seguridad sanitaria pública mundial y proteger los derechos y la vida de millones de personas en los países sancionados, las sanciones deberían relajarse o suspenderse en ciertos sectores. Un grupo de 24 diplomáticos de alto rango instó al gobierno estadounidense a aliviar las sanciones médicas y humanitarias contra Irán, señalando que la medida “podría potencialmente salvar las vidas de cientos de miles de iraníes”, según un informe del sitio web de The Guardian del 6 de abril de 2020. El 30 de abril de 2020, expertos en derechos humanos de la ONU dijeron que el embargo estadounidense a Cuba y las sanciones a otros países socavan gravemente la cooperación internacional para frenar la pandemia y salvar vidas. Los expertos pidieron a Estados Unidos que aplique resoluciones de la ONU y levante su embargo económico y financiero a Cuba y que no establezca barreras que impidan a Cuba financiar la compra de medicinas, equipos médicos, alimentos y otros bienes esenciales. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, y el relator especial sobre el derecho a la educación emitieron una declaración conjunta el 6 de mayo de 2020, diciendo que las sanciones estadounidenses a Venezuela estaban perjudicando gravemente los derechos humanos de las personas en el país. Instaron a Estados Unidos a levantar inmediatamente las sanciones que exacerbaban el sufrimiento del pueblo cuando la pandemia se desató en el país. El 29 de diciembre de 2020, Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, pidió a Estados Unidos que elimine las sanciones unilaterales contra Siria, señalando que las sanciones exacerbarían la ya grave crisis humanitaria en Siria y afectarían duramente los derechos del pueblo sirio a la vida, la salud y el desarrollo.

Los solicitantes de asilo fueron tratados cruelmente. Según un informe de CNN del 30 de septiembre de 2020, en el año fiscal 2020, 21 personas murieron bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés), lo que es más del doble del número de muertes del año fiscal 2019, y también la cifra anual más alta de muertes desde 2005. En un informe del 30 de octubre de 2020, Los Angeles Times escribió en su sitio web que un gran número de niños migrantes quedaron varados bajo custodia. Los datos mostraron que, de los 266.000 niños migrantes detenidos por el gobierno en los últimos años, más de 25.000 han sido detenidos durante más de 100 días, cerca de 1.000 niños migrantes han pasado más de un año en sitios para refugiados, y algunos de ellos han pasado más de cinco años bajo custodia. Según informaron varios medios estadounidenses, decenas de mujeres de América Latina y América Central han presentado quejas ante tribunales federales en Georgia, alegando que fueron sometidas a cirugía ginecológica, incluida la histerectomía, sin su consentimiento, lo que ha causado graves daños a su bienestar físico y espiritual. Otro informe del sitio web de The Guardian del 22 de octubre de 2020 escribió que varios solicitantes de asilo fueron amenazados y obligados a firmar sus propias órdenes de deportación. Aquellos que se negaron a firmar fueron ahogados, golpeados, rociados con gas pimienta y esposados para tomar sus huellas dactilares bajo las órdenes de expulsión, por lo que los solicitantes de asilo renuncian a sus derechos a nuevas audiencias de inmigración y aceptan la deportación.

Deportación forzada continuó durante la pandemia de COVID-19. Según datos de ICE, hasta el 14 de enero de 2021, un total de 8.848 detenidos han sido confirmados como infecciones de COVID-19. En base a un informe del sitio web de Los Angeles Times del 18 de noviembre de 2020, el gobierno estadounidense ignoró el riesgo de la pandemia y ha expulsado al menos a 8.800 hijos no acompañados de inmigrantes ilegales. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los niños migrantes que regresaron de Estados Unidos a México y Centroamérica se enfrentan al riesgo de diferentes peligros y discriminación.

Indulto a criminales que masacran ciudadanos de otros países. El 30 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió una declaración, diciendo que el indulto del entonces presidente de Estados Unidos a cuatro contratistas de Blackwater condenados por crímenes de guerra en Irak violaba las obligaciones estadounidenses en virtud del derecho internacional. La declaración instó a todos los Estados de la Convención de Ginebra a condenar la acción estadounidense. Los cuatro contratistas de Blackwater fueron encontrados cometiendo una masacre en la plaza Nisour en Bagdad en 2007, la cual provocó la muerte de 14 civiles desarmados y al menos 17 heridos, según el comunicado. El indulto a los contratistas de Blackwater fue una afrenta a la justicia y a las víctimas de la masacre de la plaza Nisour y sus familias, dijo el presidente del Grupo de Trabajo. El indulto a los contratistas de Blackwater “contribuye a la impunidad y tiene el efecto de envalentonar a otros para cometer este tipo de crímenes en el futuro”, dijo Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

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