Texto íntegro del Registro de las violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos en 2020. Parte II

I. La incompetencia en la contención de la pandemia conduce a un resultado trágico

Estados Unidos afirmó contar con los más abundantes recursos médicos y la mayor capacidad de atención sanitaria. Sin embargo, su respuesta a la pandemia de COVID-19 fue caótica, conduciendo al país al liderazgo mundial en número de casos confirmados del nuevo coronavirus y muertes relacionadas.

La incompetente respuesta a la pandemia tuvo consecuencias nefastas. Un recuento de la Universidad Johns Hopkins mostró que, a fines de febrero de 2021, Estados Unidos había registrado más de 28 millones de casos confirmados de COVID-19, con muertes relacionadas que superaban las 500.000. Con una población de menos del cinco por ciento del total mundial, el país norteamericano representaba más del 25 por ciento de todos los casos confirmados y casi el 20 por ciento de las muertes. El 20 de diciembre de 2020, CNN informó que solo el estado de California había reportado 1.845.000 casos y 22.599 muertes, lo que se traduce en aproximadamente 4.669 casos conocidos y 57 muertes por cada 100.000 residentes. Incluso estos números no dan una imagen completa de la realidad, porque muchas personas contagiadas, incluyendo aquellas con infecciones leves o asintomáticas, no habían sido diagnosticadas. Si las autoridades estadounidenses hubieran tomado medidas científicas para contener la pandemia, esto podría haberse evitado. Dado que no lo hicieron, la pandemia resultó “una masacre” para Estados Unidos, como afirmó el epidemiólogo y exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE UU, William Foege.

Los líderes nacionales ignoraron las advertencias de los expertos y minimizaron la gravedad de la pandemia. Según la línea temporal del desarrollo de la enfermedad en Estados Unidos, publicada por medios de comunicación como The New York Times y The Washington Post, la administración de Donald Trump ignoró repetidamente las alarmas sobre los riesgos de la pandemia. A principios de enero de 2020, una oficina del Consejo de Seguridad Nacional ya había recibido informes de inteligencia que pronosticaban la propagación del virus a Estados Unidos. En un memorando fechado el 29 de enero, el entonces asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, proyectó que una pandemia de coronavirus podría provocar hasta medio millón de muertes y billones de dólares en pérdidas económicas. Varios funcionarios de salud –incluyendo al entonces secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, y expertos médicos– también advirtieron en repetidas ocasiones sobre la posibilidad de una pandemia en Estados Unidos. Ninguna de las advertencias antes mencionadas llamó la atención del ejecutivo sobre la inminente pandemia. En cambio, la administración se centró en controlar el mensaje y emitió señales engañosas al público al afirmar que “el riesgo del virus para la mayoría de los estadounidenses era muy bajo”, sugiriendo que la gripe era peor que el coronavirus y afirmando que la COVID-19 iba a “desaparecer milagrosamente “cuando el clima se volviese más cálido. Por lo tanto, el país norteamericano perdió semanas cruciales para la prevención y el control de la epidemia. Un artículo publicado en el sitio web de The New York Times el 13 de abril de 2020 afirma que, por entonces, la “preferencia del líder estadounidense por seguir su instinto, en lugar de los datos, costó tiempo y quizás vidas”.

La inacción del gobierno condujo a una propagación descontrolada de la pandemia. “No había necesidad de que murieran tantos. Elegimos, como país, quitar el pie del acelerador. Elegimos hacerlo y esa es la tragedia”, comentó David Hayes-Bautista, profesor de medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, después de que la cifra de muertos por la pandemia en Estados Unidos alcanzara los 300.000. Los modeladores de enfermedades de la Universidad de Columbia estimaron que si Estados Unidos hubiera comenzado a aislar las ciudades y limitar el contacto social el 1 de marzo de 2020, dos semanas antes de que la mayoría de las personas comenzaran a quedarse en casa, se habrían evitado alrededor del 83 por ciento de las muertes relacionadas con la pandemia en el país. Un editorial del sitio web de la revista médica The Lancet, publicado el 17 de mayo de 2020, refirió que la administración estadounidense estaba obsesionada con las balas mágicas: vacunas, nuevos medicamentos o la esperanza de que el virus simplemente desapareciera. Al mismo tiempo, señaló que solo una firme confianza en los principios básicos de salud pública, como realizar exámenes, rastrear y aislar, haría que la emergencia llegara a su fin. Incluso cuando la pandemia se estaba extendiendo por una vasta área de Estados Unidos, la administración se apresuró a reiniciar la economía debido a preocupaciones políticas. Según un artículo publicado en el sitio web de noticias Vox el 11 de agosto de 2020, en abril y mayo del año pasado varios estados se apresuraron a reabrir y provocaron que el virus se trasladara al sur, al oeste y, finalmente, al resto de Estados Unidos. Además, a pesar de que los expertos habían recomendado que las personas usaran mascarillas en público, el entonces líder estadounidense y varios funcionarios a nivel de estados se mostraron extremadamente reacios a emitir un decreto para hacer obligatorio el uso de las mismas.

Las caóticas medidas de prevención y control de la pandemia causaron confusión entre el público. Un artículo publicado por CNN el 9 de mayo de 2020 calificó la respuesta de Estados Unidos a la pandemia como “consistentemente inconsistente” y señaló que no se contaba con directrices nacionales ni esfuerzos organizados para reabrir el país más allá de las medidas que habían tomado los estados. El artículo también indicó que, en términos de control y prevención de pandemias, los funcionarios de salud pública decían una cosa, los gobernadores otra y el líder nacional algo completamente diferente. Además, después de que los expertos reclamaran un liderazgo federal, el entonces líder estadounidense dejó a su propia suerte a las ciudades y los estados para que resolvieran los problemas nacionales relacionados con los exámenes y los suministros hospitalarios. Cuando el gobierno federal lanzó un plan escalonado para la reapertura, el líder pidió a los estados que reabrieran más rápido. Después de que los CDC recomendaran que las personas usaran mascarillas en público, durante meses el mandatario se negó a hacerlo. Como si los hechos antes mencionados no fueran lo suficientemente ridículos, incluso en un momento defendió la inyección de lejía como tratamiento.

Los líderes nacionales eludieron sus responsabilidades por arrogancia. A pesar emitir una idea ridícula tras otra, el entonces líder estadounidense se negó a admitir cualquier falta. En cambio, inventó todo tipo de excusas para pasar por alto sus errores y esquivar las responsabilidades. Por un lado, insistió en que Estados Unidos lideraba a nivel internacional los casos de COVID-19 porque hacía más exámenes que cualquier otra nación. Cuando se le preguntó sobre los problemas de las pruebas y el aumento de las muertes, afirmó que “no se responsabiliza en absoluto”. A pesar de todo lo anterior, cuando se le preguntó si el brote de coronavirus en Estados Unidos era el peor en el mundo, el asesor de la Casa Blanca y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, admitió que los números no mintieron y que Estados Unidos tuvo el peor brote del coronavirus del mundo.

Las personas mayores fueron víctimas de la incompetente respuesta a COVID-19 del gobierno. Los adultos mayores constituyen el grupo más susceptible a la pandemia. Sin embargo, han sido aún más marginados como parte del caos en el control y prevención de la pandemia en Estados Unidos. Sus vidas han perdido valor y su dignidad ha sido pisoteada. En sendas declaraciones el 23 de marzo y el 20 de abril de 2020, Dan Patrick, el vicegobernador de Texas, dijo a Fox News que preferiría morir antes de ver que las medidas de salud pública dañaran la economía de Estados Unidos y que había cosas más importantes que vivir. Además, un informe publicado el 18 de agosto en el sitio web de The San Diego Union-Tribune encontró que los residentes en instituciones de atención prolongada representaban menos del 1 por ciento de la población de Estados Unidos, pero más del 40 por ciento de las muertes por COVID-19. Debido a tales hechos, un artículo del 9 de mayo de 2020 de The Washington Post calificó los esfuerzos de control de la pandemia de Estados Unidos como “asesinatos autorizados por el Estado”, donde “los ancianos, los trabajadores de las fábricas y los afroamericanos e hispanoamericanos” son deliberadamente sacrificados.

Los pobres enfrentaron una mayor amenaza de infección. Los investigadores encontraron que el índice Gini, un barómetro económico que clasifica la desigualdad de ingresos de 0 (igualdad total) a 1 (desigualdad total) resultó un fuerte predictor de muertes por la COVID-19. El estado de Nueva York, que tenía uno de los índices de Gini más altos, también tuvo el mayor número de muertes en la nación por amplio margen. El sitio web The Guardian informó el 21 de marzo de 2020 que, a raíz de la epidemia, los ricos y poderosos se habían sometido primero a las pruebas de coronavirus, mientras que los trabajadores mal pagados, la mayoría de los cuales no tienen cobertura de licencia por enfermedad y no pueden hacer sus labores desde casa, se exponían a un mayor riesgo de contraer el virus para poder ganarse la vida. Los funcionarios de salud pública apuntaron que, en el condado de Los Ángeles, los residentes de comunidades de bajos ingresos tenían tres veces más probabilidades de morir de COVID-19 que los de vecindarios más ricos, según un informe publicado en el sitio web de Los Angeles Times el 8 de mayo de 2020. Una encuesta de Gallup reveló que uno de cada siete adultos estadounidenses probablemente abandonarían el tratamiento médico si ellos o sus familiares desarrollaban síntomas relacionados con la COVID-19, ante la preocupación de no poder pagar los costos. El relator especial de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, también señaló que los pobres de Estados Unidos eran los más afectados por la pandemia de COVID-19. Las personas de bajos ingresos y pobres enfrentan riesgos mucho más altos por el coronavirus debido a la negligencia crónica y la discriminación. Una respuesta federal confusa e impulsada por las empresas les ha fallado, observó.

Los discapacitados y las personas sin hogar se encontraban en una situación desesperada. Un estudio publicado en noviembre de 2020 por la organización sin fines de lucro FAIR Health encontró que las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo tenían tres veces más probabilidades de morir de COVID-19, en comparación con la población general. El sitio web de Los Angeles Times informó el 14 de mayo de 2020 que, ante la conmoción inducida por el coronavirus en la economía que paraliza a las empresas de todos los tamaños y deja a millones de estadounidenses sin trabajo, la falta de vivienda en los Estados Unidos podría crecer hasta un 45 por ciento en un año. Muchos de los estadounidenses sin hogar son personas mayores y discapacitadas. Dada su deteriorada salud física original y sus malas condiciones de vida e higiénicas, resultan más susceptibles al virus. Durante la pandemia, las personas sin hogar fueron desalojadas y empujadas a refugios improvisados. El sitio web de Reuters informó el 23 de abril de 2020 que los albergues abarrotados en todo Estados Unidos impedían que las personas sin hogar que vivían allí mantuvieran la distancia social, facilitando la propagación del virus. El sitio web del New York Times informó el 13 de abril de 2020 que, en la ciudad de Nueva York, una crisis se había apoderado de los refugios para personas sin hogar. Más de 17.000 hombres y mujeres dormían en refugios grupales o “congregados” para adultos solteros, con camas lo suficientemente cercanas como para tomarse de las manos. El sitio web de Boston Globe informó el 4 de mayo de 2020 que aproximadamente un tercio de las personas sin hogar que se sometieron a las pruebas dieron positivo al nuevo coronavirus.

Brotes en las cárceles amenazaron la vida de los reclusos. ABC News informó el 19 de diciembre de 2020 que al menos 275.000 prisioneros habían resultado infectados, más de 1.700 habían muerto y casi todos los sistemas penitenciarios del país habían registrado tasas de infección significativamente más altas que las comunidades vecinas. Uno de cada cinco presos en instalaciones administradas por la Oficina Federal de Prisiones ha padecido coronavirus, según datos recopilados por The Associated Press y The Marshall Project, una organización de noticias sin fines de lucro que cubre el sistema de justicia penal. También encontraron que 24 sistemas penitenciarios estatales habían tenido tasas aún más altas. La mitad de los prisioneros en Kansas se habían infectado de COVID-19, ocho veces más que el promedio de casos entre la población general del estado. En Arkansas, cuatro de cada siete habían tenido el virus.

La sombra de una pandemia fuera de control se cernía sobre las mentes de los estadounidenses. La reacción de la administración de Trump a la pandemia de COVID-19 ha afectado negativamente a los estadounidenses más que el virus en sí, dejando a la población estresada y aislada. Según un estudio publicado por los CDC el 14 de agosto de 2020, debido a las órdenes de quedarse en casa, el 40,9 por ciento de los adultos informó al menos una condición de salud mental o conductual adversa, mientras el 30,9 por ciento reportó ansiedad o depresión. Esas cifras constituían solo la punta del iceberg. El mismo estudio de los CDC mostró que el 13 por ciento de las personas encuestadas por los CDC durante igual lapso refirieron que comenzaron o aumentaron el uso de sustancias y el 11 por ciento consideró seriamente el suicidio. Un estudio diferente, publicado en junio, mostró que las llamadas a las líneas directas de suicidio aumentaron un 47 por ciento en todo el país durante la pandemia de COVID-19, mientras algunas líneas de crisis experimentaron un aumento del 300 por ciento.

II. El desorden de la democracia estadounidense desencadena el caos político

Al promocionarse a sí mismo como el faro de la democracia, Estados Unidos ha criticado y oprimido sin sentido a muchos otros países bajo el pretexto de defender la democracia, la libertad y los derechos humanos. Sin embargo, la sociedad estadounidense ha estado plagada de una política del dinero de profundo arraigo, una manipulación de la opinión pública sin control y mentiras desenfrenadas. La democracia estadounidense ha agravado aún más la división social en lugar de reducir las diferencias políticas cada vez más polarizadas. Como resultado, el pueblo estadounidense disfruta de sus derechos civiles y políticos únicamente de forma nominal.

Las políticas electorales dominadas por el dinero se convirtieron esencialmente en unas “elecciones del dinero”. El dólar es la fuerza impulsora de la política estadounidense. La política del dinero de Estados Unidos ha distorsionado la opinión pública, convirtiendo las elecciones en un “espectáculo unipersonal” para los ricos. La cantidad gastada en las campañas presidenciales y congresionales de Estados Unidos en 2020 alcanzó casi los 14.000 millones de dólares, más del doble de lo que se gastó en las elecciones de 2016. La campaña presidencial registró un récord de 6.600 millones de dólares en gasto total, mientras que las carreras por el Congreso terminaron con más de 7.000 millones de dólares. Según un informe publicado el 1 de noviembre de 2020 en el sitio web de CNBC, los 10 principales donantes en el ciclo de elecciones estadounidenses de 2020 contribuyeron con más de 640 millones de dólares. Además de las donaciones electorales registradas públicamente, una gran cantidad de fondos secretos y dinero oscuro inundaron los comicios estadounidenses de 2020. Según un análisis del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, los grupos de dinero oscuro invirtieron más de 750 millones de dólares en las elecciones de 2020 a través del gasto publicitario y contribuciones récord a comités políticos como los súper comités de acción política.

La confianza pública en las elecciones estadounidenses está en crisis. Según cifras de Gallup, publicadas el 8 de octubre de 2020, solo el 19 por ciento de los estadounidenses afirmaron estar “muy seguros” sobre la precisión de las elecciones presidenciales, el nivel más bajo que ha registrado la firma en dicho sondeo, que se remonta a 2004. Según un artículo publicado por el Wall Street Journal el 9 de noviembre de 2020, las elecciones estadounidenses del año pasado pueden verse como la culminación de un período de dos décadas de declive de la fe en los pilares básicos de la democracia.

Creció la polarización política. El desacuerdo entre demócratas y republicanos ha cambiado gradualmente de diferencias políticas a batallas de identidad, con un tribalismo político cada vez más evidente. Las dos partes han llegado a un estancamiento en muchos asuntos públicos importantes, lo que ha conducido a una gobernanza estatal ineficiente e incompetente. Los juegos de poder entre políticos rivales mediante peleas sucias se han convertido en el sello distintivo de la política estadounidense, con una variedad de programas presentando ataques de mal gusto y calumnias vulgares. Los votantes que apoyan a los diferentes partidos han sido puestos en las antípodas bajo la instigación de políticos extremistas. Dominado por el creciente fanatismo político, cada vez resulta más difícil el diálogo entre los dos bandos. La política de odio se extendió por todo el país y se convirtió en la causa fundamental de la constante inquietud y división social. Según un informe del 13 de noviembre de 2020 del Pew Research Center, Estados Unidos resulta excepcional en la naturaleza de su división política. Ha habido un desacuerdo cada vez más marcado entre demócratas y republicanos sobre la economía, la justicia racial, el cambio climático, la aplicación de la ley, el compromiso internacional y una larga lista de otros asuntos. Las elecciones presidenciales de 2020 pusieron aún más en evidencia estas divisiones profundamente arraigadas. Un mes antes de los comicios, aproximadamente ocho de cada diez votantes registrados en ambos bandos dijeron que sus diferencias con la otra parte eran más que políticas y estratégicas, sino también sobre los valores estadounidenses fundamentales. Asimismo, aproximadamente nueve de cada diez personas en ambos lados estaban preocupados respeto a que una victoria del otro bando condujera a un “daño duradero” para Estados Unidos.

Los controles y equilibrios de poder han mutado a políticas de veto. Las divisiones bipartidistas intensificaron las prácticas de veto inherentes al sistema estadounidense. La separación, el control y el equilibrio de poder se han convertido en vetos mutuos. Los dos partidos libraron feroces batallas, paralizando el Congreso y bloqueando la toma de decisiones. Aunque el brote de COVID-19 estaba fuera de control, ambas partes no solo se pelearon entre sí por múltiples temas, sino que también tomaron el proyecto de ley destinado a la segunda ronda de medidas de alivio para el nuevo coronavirus como herramienta de campaña para las elecciones. Los dos partidos obstruyeron y evitaron que la otra parte consiguiera votos, dejando en apuros para ganarse la vida a millones de personas en la base. La política de veto ha provocado agudos enfrentamientos entre el Congreso, el sistema administrativo, así como las autoridades federales y estatales. Durante la pandemia de COVID-19, se han producido frecuentes contradicciones y conflictos entre el presidente republicano y la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, así como entre el gobierno federal y los “estados azules” demócratas. El gobierno federal compitió con los estados en la lucha por los suministros antiepidémicos y, a menudo, estuvo en desacuerdo con los “estados azules” en las políticas de respuesta a la epidemia, dejando a las personas en situación de confusión. En una ocasión, Massachusetts acordó comprar 3 millones de mascarillas N95 para necesidades urgentes, pero las autoridades federales las incautaron en el puerto de Nueva York.

Los disturbios postelectorales pusieron de relieve la crisis de la democracia estadounidense. La elección no resolvió las diferencias políticas en Estados Unidos, sino que echó leña al fuego de la confrontación social. Un informe del 4 de noviembre de 2020, publicado en el sitio web de The Guardian, apuntaba que quienquiera que ganara las elecciones de 2020, Estados Unidos seguiría siendo un país dividido amargamente, dejando como legado una política de ira y odio. Emitiendo acusaciones de que las elecciones habían sido fruto de un fraude, el derrotado bando republicano se negó a aceptar los resultados de los comicios presidenciales y presentó demandas en Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia, donde pidió un recuento de votos para anular el proceso, presionando e intimidando a los funcionarios electorales locales. Donald Trump insistió repetidamente en que nunca aceptaría la derrota electoral y pidió a sus partidarios que protestaran en Washington D.C. contra la certificación de los resultados de las elecciones por parte del Congreso. La disputa electoral finalmente se transformó en disturbios.

El 6 de enero de 2021, decenas de miles de manifestantes que se negaban a aceptar la derrota electoral organizaron en Washington D.C. la manifestación “Salvemos Estados Unidos”. Un gran número de manifestantes violaron la seguridad e irrumpieron en el edificio del Capitolio, donde se pelearon con los oficiales de policía. Los miembros del Congreso de los Estados Unidos fueron evacuados apresuradamente con máscaras antigás, mientras la policía lanzaba gases lacrimógenos y disparaba para dispersar a los manifestantes. Los manifestantes actuaron imprudentemente después de ocupar el lugar. Los disturbios resultaron en múltiples heridos y una interrupción de la certificación parlamentaria de la victoria electoral. Washington D.C. impuso un toque de queda y entró en estado de emergencia. El 7 de enero de 2021, el jefe de policía del Capitolio estadounidense, Steven Sund, aseguró que miles de personas involucradas en acciones violentas y desenfrenadas atacaron a los oficiales con tubos de metal, químicos irritantes y otras armas, hiriendo a más de 50 policías. Las autoridades arrestaron a más de 100 personas en total. El 7 de enero de 2021, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló en un comunicado que el ataque al Capitolio de los Estados Unidos demostró claramente el impacto destructivo de la deliberada y sostenida distorsión de los hechos y la incitación a la violencia y el odio por parte de los líderes políticos.

El caos político en Washington conmocionó al mundo. Los medios estadounidenses calificaron el hecho como la primera vez en la historia moderna de Estados Unidos en que la transferencia de mando se ha convertido en un combate real en el corredor de poder de Washington. Culparon de lo sucedido a la violencia, el caos y el vandalismo que habían sacudido la democracia estadounidense hasta la médula, dando un duro golpe a la imagen del país como faro democrático. El diario francés Le Figaro comentó que el incidente de violencia avivó el resentimiento y la desconfianza entre los diferentes campos de la sociedad estadounidense, sumergiendo a Estados Unidos en una situación desconocida. El medio Foreign Policy declaró que Estados Unidos se había convertido en lo que sus líderes solían condenar: ser incapaces de evitar la violencia y la destrucción sangrienta durante las transferencias de poder. El diplomático libanés Mohamad Safa comentó a través de las redes sociales: “Si Estados Unidos viera lo que Estados Unidos está haciendo en Estados Unidos, Estados Unidos invadiría a Estados Unidos para liberar a Estados Unidos de la tiranía de Estados Unidos”.

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